Que el pueblo mande!!!

Rechazo ciudadano a HidroAysén: Ardió Troya de indignación nacional

Isabel Diaz Medina / Punto Final /

Excluyendo la participación ciudadana, vulnerando la institucionalidad ambiental, y con fuerte lobby ejercido a nivel de la administración y de los servicios regionales, el gobierno de Sebastián Piñera aprobó el megaproyecto HidroAysén, de Endesa Chile (filial de Enersis) y Colbún (Grupo Matte) , que pretende inyectar 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) con cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, y una inversión de aproximadamente 7.500 millones de dólares, considerando la línea de transmisión.

Pero la lucha por detener el megaproyecto transnacional no termina aquí. Por el contrario, comienza una etapa de “judicialización” del proceso y el debate por otro aspecto que, sin duda, sumará mayor nivel de rechazo ciudadano: el trazado de la línea de transmisión de 2.270 kilómetros, que significaría 23.000 hectáreas de vulneración y deforestación. Cuatro veces más que los territorios que serán inundados por las represas.

Para Patricio Rodrigo, secretario del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), “la aprobación ambiental del proyecto es un mero trámite administrativo. Estamos convencidos que la central HidroAysén no va a lograr concretarse en Chile. Queda pendiente someter a evaluación ambiental la línea de transmisión energética más larga del mundo, que producirá grave impacto en muchos terrenos privados. La empresa tendrá que al menos indemnizar a tres mil propietarios que se verán afectados por la instalación de gigantescas torres de alta tensión”.

Desde Coyhaique, Patricio Segura, del Movimiento Aysén Reserva de Vida, opinó que “la aprobación ambiental del proyecto es sólo una escena de una farsa que se montó por parte del gobierno. Se requiere hacer creer a la ciudadanía que se podía confiar en la institucionalidad ambiental, y lo que hicieron fue vulnerarla presionando a los servicios públicos y cambiando informes técnicos a favor de la aprobación del proyecto. El 21 de mayo la ciudadanía saldrá a las calles a pedirle cuentas al presidente Piñera, porque no puede entregar la Patagonia a empresas transnacionales mientras las comunidades no tienen acceso al recurso agua”.

En opinión del cientista político y abogado Santiago Escobar, el costo político que deberá enfrentar el gobierno será de poco impacto, “si se considera que la conciencia ambiental del país es aún baja, y que lo actuado por el gobierno y la empresa se encubre con ‘ideología del crecimiento’ y ‘la energía que el país necesita’. En este aspecto, el de Sebastián Piñera es el quinto gobierno de la Concertación. Toda la política ambiental, desde Aylwin hasta ahora, ha estado supeditada al crecimiento económico, basado en costos ocultos que se traspasan a la sociedad o al Estado”.

Conflicto de interés y “lobby”

Antes de la votación del lunes 9 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén se vio envuelta en una serie de denuncias por conflicto de intereses, por lo que se inhabilitaron los seremis de Vivienda, Minería, Economía y Medioambiente. A lo que se sumó la abrupta renuncia del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, Eduardo Lagos Reyes .

Uno de los cuestionamientos más serios a nivel regional se dirigió a Nicolás Terrazas, seremi de Vivienda, porque su hermano Pablo, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, posee terrenos que podrían ser inundados con el proyecto eléctrico y por los que recibiría, eventualmente, una indemnización millonaria. Además, su padre asesoró a la Agrupación Gremial Río Baker, organización que ha negociado con la compañía HidroAysén sus terrenos. También su repartición está involucrada en la manipulación de informes para conseguir la aprobación del proyecto eléctrico.

Asimismo, la Conaf, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y la seremi de Planificación están siendo investigados por los tribunales, bajo el delito de “falsificación ideológica de documento público y prevaricación administrativa”, informó el abogado Marcelo Castillo.

Pero la discusión sobre conflictos de interés no se ha dado sólo a nivel regional. La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, se desempeñó -hasta antes de asumir tal función- como profesional de Gestión Ambiental Consultores, liderando los equipos de varios estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, incluso de Endesa. Otro caso que complica a La Moneda es el vínculo que tiene el cuñado del presidente Piñera, Eduardo Morel, con HidroAysén. Ahí ocupa el cargo de director suplente desde hace tres años. Además, es gerente de la División Ingeniería y Proyectos de Colbún. El cuñado de Piñera es asesor del Grupo Matte hace más de 25 años. A esto se suma que hace dos semanas, Endesa, una de las empresas socias de la iniciativa energética, donó un millón de euros a la Fundación Integra, dirigida por Cecilia Morel de Piñera.

E l Plan Aysén, que lanzó Sebastián Piñera el 11 de abril en Cochrane y que es el programa de gobierno regional para 2010-2014, contempla una glosa por 1.505 millones de dólares en energía que correspondería a los proyectos HidroAysén y Energía Austral. Es la política de los hechos consumados a espaldas de la voluntad ciudadana que se repite en estas inversiones. Y el lobby ha sido descarado. Hace un año, Enersis, brazo inversor de Endesa España en Latinoamérica , realizó una donación por 10 millones de dólares mediante la entrega de un enorme cheque simbólico en La Moneda al Fondo Nacional de Reconstrucción, en presencia de las más altas autoridades del país.

Tráfico de influencias y cohecho ambiental

En ese sentido, el cientista político Santiago Escobar asegura que “así ha sido en todos los proyectos. En todo caso, en el tema medioambiental ha sido peor que en otros sectores. Ello por la existencia de una puerta giratoria para técnicos en altos puestos del Estado que luego pasan a ser ejecutivos ambientales en empresas, o empresarios de consultoría ambiental. En el campo ambiental ha habido un tráfico de influencias tal, que si se hiciera una auditoría de procedimientos desde los años 90 hasta 2010, sería un escándalo conocer la cantidad de nombres que se repiten y se entrecruzan como en una telaraña”.

Uno de ellos es Daniel Fernández Koprich, quien antes de ocupar el puesto de vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, fue gerente general de Enap, presidente del Metro y director ejecutivo de TVN durante los gobiernos de la Concertación. Hoy parlamentarios y organizaciones del medioambiente piden su expulsión del Partido por la Democracia (PPD). Hipólito Medina, de Ecosistema Aysén, asegura que “a pocos días de tomar el control del estudio y su tramitación, Daniel Fernández diseñó una estrategia comunicacional atroz, mal llamada ‘responsabilidad social empresarial’, que no es más que comprar la conciencia de las comunidades a través de becas, proyectos de bajo monto de dinero y todo tipo de facilidades con tal que los ciudadanos acepten el proyecto. También a nivel regional se intervino todo tipo de organizaciones sociales, provocando divisiones en las localidades, algo idéntico a las prácticas desarrolladas en el otro polémico proyecto aprobado y ejecutado en el Alto Bío Bío”.

El megaproyecto de Endesa y Colbún vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una pérdida anual de más de cuatro mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de cinco mil hectáreas de la cuenca del río Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

Monopolio eléctrico

Hernán Sandoval, presidente de Chile Ambiente, afirma que “desde el comienzo sabíamos que sería una lucha larga, porque las empresas involucradas tienen todo el poder económico, y además la institucionalidad ambiental no permite rechazar los proyectos, sino sólo agregarles compensaciones y mitigaciones. Pero estamos optimistas: cada vez hay más apoyos para detener la destrucción ambiental en la Patagonia y la excesiva concentración del poder económico y el monopolio en la generación de energía que representa HidroAysén”.

En efecto, el megaproyecto perpetúa un modelo monopólico de producción de energía. Entre Endesa y Colbún -los socios del proyecto- controlan más del 75% de la energía del Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece al 80% de los chilenos. De construirse el proyecto, controlarían más del 90%. Además, se consolidaría el monopolio del agua en Aysén, al concentrar el 100% de los derechos sobre los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente a los otros usuarios. El monopolio del agua en Aysén esta en manos de HidroAysén de forma totalmente ilegal. “En el último trimestre de la dictadura militar, se cedieron los derechos de todo Aysén a espaldas de la comunidad aysenina, y del país, a Endesa España, que es controlada actualmente por la italiana Enel, propietaria del 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile”.

Así lo señala Andrés Gillmore, secretario y vocero de la Corporación Costa Carrera, quien agrega que “hoy la cuenca del río Baker es una ‘cuenca seca’ para los ayseninos y para todos los chilenos y está en manos de Endesa-Enel y del Grupo Colbún-Matte”. La cuenca del Baker en la región de Aysén es la cuenca más grande de Chile; en ella se encuentra el segundo lago más grande de Latinoamérica, el General Carrera, y la segunda reserva de agua dulce del planeta: Campos de Hielo Norte.

Campaña del terror: “Chile quedará a oscuras”

Pero la opinión pública no se ha dejado amedrentar por la multimillonaria campaña publicitaria, que además, con enormes recursos, intenta neutralizar a los medios de comunicación. Emprendida por Enel y Endesa, se asegura que sin HidroAysén, Chile quedaría sin energía eléctrica. El rechazo ciudadano al megaproyecto llegó a un 61,1 por ciento, según la encuesta Ipsos: el más amplio de los últimos años. “El proyecto de HidroAysén es innecesario, al igual que las centrales nucleares y la mayor parte de las plantas termoeléctricas a carbón; y por cierto, no son para entregarle energía eléctrica a los chilenos. Podría ser para la expansión transnacional minera en las regiones de Atacama, Coquimbo y de la cordillera de la Región de Valparaíso. Y claro, para mantener el oligopolio y las tremendas utilidades que les da aplicar las tarifas de electricidad más caras de América”, advierte el director del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora de Aysén, Peter Harmann.

Según Roberto Román, ingeniero civil de la Universidad de Chile y vicepresidente de Internacional Solar Energy Society, “desde el año 2000 en adelante impera una tendencia decreciente de demanda energética, incluso con las proyecciones oficiales de crecimiento de la demanda de un 5,8 por ciento anual. Con el ingreso de las energías renovables no convencionales más la energía eléctrica, serían innecesarias la mitad de las plantas térmicas a carbón ya aprobadas y el proyecto HidroAysén”.

Román asegura que “la aprobación del proyecto de HidroAysén no responde a una necesidad del país. Obedece a presiones indebidas con un lobby enorme, por los intereses en juego. Con su aprobación pierde el país, al tratarse de megaproyectos en que el costo lo asume la ciudadanía, y el beneficio se lo llevan unos pocos”.

El Estado chileno está creando un pasivo ambiental enorme para el país. Los daños irreversibles que provocaría la instalación de la central HidroAysén no han sido evaluados en las mediciones. El proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas, como el Parque Nacional Laguna San Rafael, tres zonas de interés turístico y 26 humedales.

La ciudadanía informada queda con la sensación que en el país las normas no valen nada y que el principio “las instituciones deben funcionar”, es simple demagogia.

(Publicado en “Punto Final” edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)

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Marcha contra Hidroaysén 13-05-2011 por G80TV

12 de mayo: Miles de chilenos exigen en la calle recuperación de la educación pública

Por Andrés Figueroa /

12 de mayo de 2011 /

Estudiantes universitarios y secundarios, educadores y trabajadores, marcharon desde Plaza Italia hasta el Paseo Bulnes, justo frente a La Moneda el jueves 12 de mayo al mediodía para protestar y demandar al gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Educación –uno de los pre candidatos presidenciales de la derechista UDI para el 2013, en plena caída libre- Joaquín Lavín, la promoción de una serie de medidas para reconstruir la devastada educación pública en Chile.

Marcando un récord cuantitativo en lo que va del año en materia de manifestaciones públicas, marcharon y se concentraron alrededor de 25 mil personas de todas las tonalidades políticas y, sobre todo, de ninguna. Entre los convocantes a la jornada de protesta se encontraban las autoridades y estudiantes de las principales universidades tradicionales y de varias privadas, los profesores y los jóvenes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces).

Por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, acentuó la idea de que en la movilización por la enseñanza pública, los docentes no sólo deben solidarizar con los estudiantes, sino que “crear un frente común” para enfrentar los objetivos. Mientras tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes del Pedagógico (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación), Camila Donato, fue enfática cuando expresó que “le decimos al presidente Sebastián Piñera que si no nos escucha, después del 21 de mayo (cuenta anual del gobierno) vamos a radicalizar las movilizaciones. Los paros y las tomas no se van hacer esperar. De una vez por todas el Estado tendrá que hacerse cargo de sus universidades, y los rectores deberán ser elegidos con consulta a los estudiantes.”

Asimismo, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Eduardo Salazar, dijo que “en nuestro caso, el rector se llevó 22 mil millones de pesos para la casa. Esto también ocurre en otras casas de estudios hermanas, como la Arturo Prat y la Universidad de Los Lagos. Y por eso le pedimos a todas las universidades regionales donde aún palpita el corazón rebelde, que nos acompañen en estos momentos duros para la UTEM. Somos el mejor ejemplo de la crisis de la educación. No vamos a dejar que cierren nuestras universidades, y estamos dispuestos a poner barricadas para defender la nuestra.”

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, desde el escenario central montado a 6 calles de la Casa de Gobierno, señaló a la multitud que “este modelo no ha sido capaz en 30 años de garantizar nuestros derechos fundamentales (…) Hoy ninguna autoridad de este gobierno o de la Concertación son ni fueron capaces de reconstruir un sistema de educación pública víctima de una larga crisis.”

Patricio Indo, presidente de la Federación de Estudiantes de la privada Universidad Diego Portales, indicó que “nosotros tenemos 4 puntos fundamentales que reivindicar: fin al lucro en la educación superior privada; la democratización de la universidades privadas; que el gobierno se haga cargo del endeudamiento de los estudiantes, cuyos intereses son leoninos; y que la educación no puede ser una mercancía. La educación está haciendo agua en el sector público como privado.”

Por su costado, Gustavo Palma, vocero de la carrera de Historia de la Universidad de Santiago (ex UTE) dijo que “debemos detener la agenda privatizadora del gobierno. Creemos que, pese a la masividad conseguida, seríamos muchos más si se procediera organizando democráticamente y desde la base la lucha, y no sólo desde instituciones superestructurales. El objetivo estratégico es que la enseñanza, en todos sus niveles, esté al servicio de los trabajadores y el pueblo.”

LA REPRESIÓN

Como ya es corriente, la marcha y el acto mismo estuvieron fuertemente escoltados por carabineros de Fuerzas Especiales, incontables carros lanza aguas y lanza gases lacrimógenos que antes de que terminaran los discursos y comenzara la presentación de los artistas invitados, se entregaron a la represión contra los jóvenes manifestantes. Hasta el cierre de esta nota, oficialmente eran al menos 30 los estudiantes detenidos.

En Valparaíso, y en otras ciudades y regiones del país se efectuaron actos similares a los de Santiago.

Sin duda, la magnitud de la concentración abre las posibilidades de un nuevo ciclo de luchas no sólo estudiantiles, sino de toda la sociedad afectada por una educación pública abandonada desde la dictadura de Pinochet, a inicios de los 80 del siglo pasado. En la actualidad, la enseñanza escolar privatizada y subvencionada supera a la pública, en uno de los países del mundo con mayor segmentación de clases en el plano educativo, y donde la excelencia de la enseñanza está asociada a una mercancía de mayor o menor precio, según sea la capacidad de pago de las familias. El 12 de mayo quedará registrado como un golpe de fuerza de los jóvenes al capitalismo de vanguardia en Chile.

12 de mayo de 2011

Siguen los robos contra nuestros pueblos: Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena

Por Lucía Sepúlveda Ruiz /
www.periodismosanador.blogspot.com /

Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.

La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.

Indignación campesina e indígena

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”. Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del consejo Nacional Aymara, la alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur. Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

Violación de un derecho humano

La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”

Los amigos de Monsanto

La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).

Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos Tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV '78 y no al '91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que "afectará a los productores agrícolas nacionales". También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, "para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta".

El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.

UPOV y lobby empresarial

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

Video y Noticia: No a la Privatizacion de la ruta 160

http://www.youtube.com/watch?v=MakZecVPRPE

Acto vecinal en Lomas Coloradas: no a la concesión de la Ruta 160 (+ Video)

Escrito por resumen.cl
Domingo, 08 de Mayo de 2011 21:19
Se multiplica el descontento ciudadano y a la par crece el consenso de que las organizaciones vecinales deben asumir el protagonismo en la oposición al proyecto. Este sábado 7 de mayo se desarrolló en las canchas de fútbol del sector Lomas Coloradas, un acto para demostrar el rechazo a la concesión de la ruta 160. Esta actividad contempló números artísticos y discursos de dirigentes sociales.
Al evento concurrieron diversos actores de la comuna: dirigentes vecinales y sociales, concejales y el alcalde, además del senador Alejandro Navarro. Todos los oradores coincidieron en rechazar las declaraciones realizadas por la vocera del gobierno, quien señaló que la decisión del gobierno central de concesionar la ruta 160, y por ende aplicar pago de peajes, estaba tomada.Las organizaciones sociales fueron categóricas en su rechazo a la concesión y también unánimes con respecto a su propuesta, "la solución es una nueva ruta costera", manifestaron además su decisión de "radicalizar las acciones de protestas", junto con "asumir el liderazgo ciudadano de éstas", principalmente ante el titubeante rol asumido por las autoridades comunales, cuestión enrostrada al alcalde Audito Retamal, durante su pifiada intervención, en la cual continuó manifestando ambivalencias en su discurso, como aquella ya reiterada opción por las tres vías (costera, ruta 160 y una a pie de monte).Los sanpedrinos hicieron un llamado en este sentido a sus pares de Lota, Coronel y la provincia de Arauco, a constituir una gran asamblea ciudadana que integre a todos los afectados y que dé conducción desde los propios vecinos al gran movimiento de oposición que día a día crece al sur del Bío Bío.Existe enorme desconfianza por parte de los vecinos del actuar de las autoridades y políticos, debido a que las concesiones en obras públicas, vienen desde el gobierno de Lagos (PPD-PS), por lo cual sienten que muchos de los apoyos a sus demandas están dados tan solo por la proximidad de las elecciones municipales

Las garras de los que se enriquecen con la depredación ambiental también se clavan en Iquique

Declaración del CODEMAT ante la Aprobación de las Termoeléctricasa Pacífico y Patache en Iquique

Iquique, 8/mayo/2011

A las vecinas y vecinos de Iquique y Alto Hospicio, a nuestr@s amig@s incansables,

A la opinión pública en general:

1.- Ya sabemos todos que el Gobierno Regional decidió imponer la instalación de 2 termoeléctricas a carbón en nuestro litoral. Las Centrales Termoeléctrica Patache y Termoeléctrica Pacífico, han sido aprobadas con el apoyo cerrado de las autoridades de Gobierno, después de un proceso de Evaluación Ambiental que está hecho a la medida de las empresas, por lo que el proceso no es más que un simple trámite que deben cumplir.

Es tal el desprecio que las autoridades de Gobierno expresan hacia los ciudadanos que NO consideraron pertinente, entre otros antecedentes, lo siguiente:

a.- El rechazo de la Termoeléctrica Pacífico el 2009 por parte de la COREMA, en medio de importantes movilizaciones y acciones ciudadanas exigiendo su rechazo, y en víspera de elecciones presidenciales, el que fue luego impuesto por un Concejo de Ministros en Santiago.

b.- La Consulta Ciudadana sobre las termoeléctricas a carbón, organizada por el Municipio de Iquique, a exigencia del Movimiento Ciudadano y Social. Más de 9.000 ciudadanos las rechazaron.

c.- El Acuerdo del Concejo Municipal N° 1.123 (27/sept./2010), exigido al Municipio por las organizaciones sociales, sindicales y ambientales de la Comuna, luego de campañas de recolección de miles de firmas de rechazo a la contaminación de las centrales carboneras.

d.- Las más de 600 consultas que se le hicieron a las empresas, de las cuales, las más importantes y decisivas, no fueron íntegramente ni debidamente respondidas, asumiendo responderlas una vez que se instalaran.

f.- El pronunciamiento de rechazo del Municipio como organismo con competencia en la evaluación de los proyectos, por considerarlos contrarios al objetivo del Plan de desarrollo Comunal (PLADECO), pues atenta contra el turismo, el desarrollo pesquero, la salud de los habitantes y del medio ambiente.

g.- Las irregularidades denunciadas en la tramitación del Plano Regulador Intercomunal por parte del MINVU, el que siendo un instrumento que regula el uso de suelo, hubiera sido una traba para que se instalaran las termoeléctricas y por ello el MINVU lo retira, lo modifica y aún no es capaz de presentarlo a la Participación Ciudadana.

h.- La convocatoria a un Plebiscito Ciudadano acordado por el Municipio el 19 de Abril /2011 y que debería decretar en los próximos días, y que obviamente permitiría acordar un “uso de suelo” para el sector de Patillos y Punta Patache, acorde con la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos de nuestro territorio.

2.- Debemos tener claro, que esta decisión ambiental favorable, hoy, para las centrales termoeléctricas carboneras, se puede encontrar con grandes dificultades, y probablemente imposible de realizarse, por las siguientes razones :

- Si el Municipio no le otorga los permisos sectoriales, esto es de “Construcción y de recepción de obras”, apoyándose en su rechazo en la “NO VIZACIÓN del Informe Técnico”, que ya expresó en la Comisión de Evaluación

- Si la Srta. Alcaldesa aplica el Artículo N°117, de la Ley de Construcción y Urbanismo.

- Si se convoca al Plebiscito Ciudadano que ratifique un “uso de suelo” que impida la instalación de centrales carboneras y otras industrias contaminantes.

3.- La movilización de los ciudadanos y de las organizaciones que han venido participando en la defensa de nuestros derechos ambientales y sociales, no puede detenerse ahora, no debe confundirse con falsos argumentos para demandas judiciales, ni esperar promesas de quienes, desde el mismo Municipio, por negligencia o desconocimiento, se negaron o se auto-limitaron para hacer uso de sus facultades legales, favoreciendo con tal actitud a las empresas.

4.- Hasta ahora, el Municipio, ha manifestado su rechazo a las centrales carboneras, pero ninguna de estas acciones son vinculantes ni tampoco impedirán que se instalen las centrales carboneras, por lo que esperamos que definitivamente la Srta. Alcaldesa y el Cuerpo de Concejales, informen abiertamente y no por la prensa, a las organizaciones sociales y ambientales y a todos los ciudadanos, para decir cual es definitivamente su decisión para convocar al plebiscito que ya se acordó, o están con los ciudadanos o dejarán que se impongan aquellos que lucran a costa de la salud de los habitantes, y la contaminación del medio ambiente .

Comité de Defensa de la Madre Tierra - Tarapacá (CODEMAT)

afiliado a la RED SOCIAL “CHILE SIN TERMOELECTRICAS”

http://codemat.wordpress.com/ ; codemattarapaca@gmail.com

Mañana lunes el gobierno aprobará el Proyecto HidroAysén, el más devastador de la historia de Chile

Minuta Proyecto HidroAysén:

Antecedentes Proceso de Evaluación Ambiental

Fundación Terram 05 de mayo 2011

1‐ La sociedad formada por Endesa y Colbún controlan el mercado eléctrico nacional. En el Sistema Interconectado Central (SIC, que abastece al 90% de la población), concentran el 74% de la generación.

2‐ HidroAysén es un proyecto que pretende generar 2.750 MW a través de la construcción de 5 represas de gran tamaño, emplazadas sobre los ríos Baker y Pascua en la región de Aysén.

3‐ Endesa, que es controlada por la italiana ENEL, es propietaria del 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile.

4‐ HidroAysén ingresó al SEIA su estudio de impacto ambiental (EIA) de 11.000 páginas, el 13 agosto 2008; el 22 agosto de 2008 se acogió a trámite.

5‐ Octubre 2008: luego de cumplido el plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre el EIA, los 33 servicios públicos con competencia en el tema realizaron 2.698 observaciones. De estos 33 servicios, 11 manifestaron que adolecía de información relevante y esencial para evaluarlo, y que en consecuencia correspondía aplicar el artículo 24 del Reglamento del SEIA, es decir, no seguir tramitando la evaluación ambiental del proyecto.

6‐ En la sesión de la COREMA de Aysén del 7 de noviembre de 2008 el intendente Selim Carrasco, presidente de la COREMA, decidió, por sí y ante sí, enviar un ICSARA (informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones) al titular del Proyecto “Hidroeléctrico Aysén”, sin que existiera votación y/o deliberación de la COREMA al respecto. Con ello, dejó de lado las observaciones críticas de más de un tercio de los organismos públicos con competencias ambientales sectoriales, que expresaron en sus respectivos informes que el EIA carecía de información esencial y relevante para su evaluación y, por tanto, no se debía seguir su tramitación.

7‐ Participación ciudadana: La ciudadanía entregó 11.000 observaciones, las que no fueron consideradas, pues antes que concluyera el plazo de 60 días hábiles para la participación ciudadana, la COREMA presidida por Carrasco determinó la elaboración del ICSARA. De las observaciones ciudadanas, el 99% quedaron fuera del ICSARA.

8‐ El ICSARA N ° 1 fue entregado el 13 de noviembre 2008, como se señaló, por decisión del intendente Selim Carrasco, pese a que lo que correspondía de acuerdo al procedimiento establecido era realizar una votación de la COREMA sobre el informe.

9‐ Adenda 1: el documento de respuesta al ICSARA N° 1 fue entregado por la empresa el 20 octubre de 2009, después de varias solicitudes consecutivas de aplazamiento.

10‐ Durante noviembre de 2009 los servicios públicos se pronunciaron sobre la Adenda N°1, y catorce de ellos manifestaron inconformidad: Conaf lo hizo a través del ordinario 450, a la que se sumaron las de SERPLAC, SAG, MOP, DGA, SERNAGEOMIN, BBNN, MINVU, SERNATUR, la Gobernación Marítima, DOH, además de las municipalidades de Tortel y Chile Chico. Los informes emitidos por la Dirección General de Aguas y el Servicio Nacional de Geología y Minería indicaban que “no han estado en condición de evaluar adecuadamente la información aportada”, puesto que no se trataría de información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, sino de un “nuevo y diferente estudio de impacto ambiental”, para cuyo análisis el plazo de sólo 15 días es irracional e insuficiente.

11‐ Sin embargo, nuevamente la COREMA determinó que se debía continuar con la tramitación ambiental y elaborar un informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones. El ICSARA N° 2 fue entregado el 18 de enero 2010 por la COREMA a HidroAysén, en el que las observaciones de los servicios públicos se había reducido a 1.114 rectificaciones.

12‐ Al igual que en la etapa anterior, la empresa solicitó ampliaciones de plazo para la entrega de información que no había incluido en el EIA y que resultaba importante para la evaluación ambiental; la Adenda Nº 2 se entregó el 28 de octubre de 2010, pese a que el plazo inicial era enero de ese año, es decir, nueve meses después. Es importante señalar que en este punto del proceso de evaluación ambiental, se produjo un importante cambio en la institucionalidad sectorial en el país, con la creación oficial del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, entre otros. Esto significó que dejaron de existir tanto la CONAMA como las COREMAS. En consecuencia, desde el 1° de octubre de 2010, fecha en que se disolvió la CONAMA, la institución pública encargada de evaluar los proyectos es el Servicio de Evaluación Ambiental y quien califica ambientalmente proyectos (aprobación o rechazo) es la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, con una composición más limitada. Esta instancia está presidida por el intendente e integrada por los Seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía Fomento y Turismo, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, y Planificación, además del Director del Servicio de Evaluación Ambiental, quien actúa como secretario. Esta nueva institucionalidad es la que debe hacerse cargo del resto del proceso de calificación ambiental.

13‐ En noviembre de 2010 se pronunciaron los servicios públicos respecto a la segunda adenda. Es importante señalar que a partir de marzo de 2010 asumió el gobierno de Sebastian Piñera y con ello se nombraron nuevos intendentes (cargo de confianza del Presidente de la República). Desde entonces, la intendenta de Aysén, señora Pilar Cuevas, es quien preside la Comisión de Evaluación Ambiental regional, y quien determinó la presentación del ICSARA N° 3. Nuevamente, La mayoría de los informes de los servicios públicos presentaron un total de 199 observaciones a la adenda, lo que se concretó el 25 noviembre. De esta manera, la respuesta de la empresa nuevamente resultó incompleta para concluir el proceso de calificación.

14‐ Esto dio paso a la Adenda Nº3 de la empresa, presentada a la Corema el 11 abril de 2011, tras lo cual los servicios públicos contaban con un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse. El plazo para la entrega de observaciones por parte de los servicios públicos concluyó el 27 de abril de 2011, luego de lo cual se elaboró el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), que fue presentado y enviado a los servicios públicos para su visación el 29 de abril. Este documento enumera las condiciones establecidas por los 32 servicios que participaron del proceso de evaluación para el proyecto. Esto significa que en los próximos días debe registrarse el pronunciamiento de aprobación o rechazo del EIA presentado por la empresa HidroAysén.

15‐ En el proceso, se han registrado una serie de irregularidades de procedimiento, siendo las más graves las registradas en la DGA.

16‐ Por otra parte, de concretarse un proyecto como HidroAysén, afectaría seriamente una serie de acuerdos firmados por el país, entre ellos el Protocolo de Recursos Hídricos Compartidos Chile–Argentina, así como el Plan General de Utilización de las Cuencas, además de violar el Acuerdo Chile – Canadá.

17‐ A medida que se acerca el momento en que se cumplen los plasos para la decisión ambiental final respecto a HidroAysén, se han incrementado las presiones de todo tipo, llegando al punto de poner en duda la transparencia de todo el proceso. Un ejemplo claro de ello es la renuncia del Director del Servicio de Evaluación Ambiental regional, Eduardo Lagos Reyes, por “motivos personales” no especificados, el 27 de abril. Lagos era uno de los 12 profesionales facultado por su cargo para votar respecto a la aprobación o rechazo del proyecto. En reemplazo de Lagos fue nombrado de manera interina Bolívar Ruiz, militante socialista con larga trayectoria en la Conama, quien hasta su nombramiento encabezaba el Servicio de Evaluación Ambiental de Bío Bío.

18‐ En los últimos días, se ha hecho pública la convocatoria de la intendenta De Aysén, Pilar Cuevas, a varios seremis proclives a aprobar la iniciativa, a una reunión en una casa particular y a altas horas de la noche.

19‐ Como si esto fuera poco, la Comisión de Evaluación se encuentra mermada por una serie de inhabilidades, algunas zanjadas y otras en discusión: los seremis de Medio Ambiente, Vivienda, Economía y, eventualmente, Minería, estarían inhabilitados, por lo que sería necesario buscarles reemplazantes. En otros dos casos, el seremi de OO.PP. y la propia intendenta, se les ha solicitado formalmente que se inhabiliten, mientras que los únicos cinco seremis habilitados serían los de Planificación, Salud, Energía, Agricultura y Transportes.

_______________________________

Señor Presidente:

Con el respeto que me merece su persona y su investidura, me permito en mi calidad de ciudadano libre de compromisos políticos, empresariales e institucionales, plantearle algunas preguntas y un comentario en relación al megaproyecto Hidroaysén, próximo a ser votado en cuanto a su factibilidad.

Preguntas:

¿Está usted dispuesto a cargar en su conciencia el que bajo su presidencia se haya aprobado el más brutal Megaproyecto de la historia de Chile, en cuanto a sus devastadores impactos ambientales, sociales y culturales?

¿Imagina usted el infierno de impacto social y cultural que significará para los asentamientos humanos de la región vivir diez o doce años rodeados de megamaquinarias y de miles de trabajadores no locales destruyendo y devastando su entorno, su cotidianeidad, sus costumbres y su tranquilidad familiar? ¿Está usted dispuesto a cargar eso en su consciencia?

¿Piensa usted que una línea de transmisión de 2.300 kilómetros con torres de 70 metros de altura (equivalentes a edificios de 20 a 25 pisos) cada 400 metros, que, según análisis preliminares basados en peticiones mineras realizadas por y para los interesados, fragmentaría 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas, es algo liviano como para cargas en su conciencia?

¿Ha pensado usted que una franja de 2.300 kilómetros de largo por 100 metros de ancho para instalar las torres, significan 23.000 hectáreas de total deforestación? Cuatro veces más que las presuntas hectáreas que serán inundadas por las represas ¿En adición a lo anterior, ha reflexionado usted sobre la descomunal destrucción de naturaleza que significará trasladar, desde unos pocos puertos, 5.750 torres de esa magnitud a su lugar de emplazamiento? ¿Vale la pena eso en la consciencia?

De concretarse la construcción de dicha línea, Chile podrá sentirse “orgulloso” de haber generado la cicatriz más grande del planeta. ¿Cabría tal “orgullo” en su conciencia?

Es un hecho que, a pesar de la desinformación, la publicidad maliciosa, las presiones y las tácticas de seducción locales a través de regalitos realizadas por la empresa, una clara mayoría ciudadana se manifiesta contraria al proyecto. ¿Siendo nuestro país una presunta democracia, cabe en su conciencia que esa ciudadanía que hizo posible que usted fuera Presidente, no sea respetada?

Muchos sabemos, y desde luego usted también sabe, los múltiples vicios que se han cometido en el Estudio de Impacto Ambiental. No sólo el haber despreciado e ignorado totalmente la participación y las observaciones ciudadanas que la ley garantiza. Ha habido mentiras, descalificaciones y adulteraciones de todo tipo, que resultan inaceptables para una ciudadanía responsable y preocupada por un futuro digno para el país.

El resultado final, de aprobarse el proyecto, sería el de constatar una vez más, que vivimos en un país que practica toda clase de rituales democráticos falsificados y enmascarados, de tal manera que el poder y el dinero acaben siempre siendo los vencedores. ¿Estaría usted dispuesto a corroborar esta verdad con su conciencia?

El hecho de que la construcción de las represas se presente como un proyecto distinto y separado del de la línea de transmisión es no sólo una bofetada al sentido común, sino una grave ofensa a la inteligencia ciudadana. La más elemental honestidad y transparencia institucionales (de que tanto se habla como propósito del gobierno) obligaría a evaluar lo que realmente corresponde; es decir un solo proyecto que incluye represas y línea de transmisión. El hecho que no se haga como corresponde es obvio. El rechazo del proyecto sería casi seguro. ¿Está usted dispuesto a legitimar este tipo de truco en su conciencia?

Comentario.

Permítame aclararle, señor Presidente, que no soy un “terrorista ambientalista” ni un fundamentalista fanático. Tengo un prestigio internacional bien ganado y consolidado como intelectual que ha trabajado en el diseño de alternativas económicas y de desarrollo que eviten los desastres locales y globales que estamos experimentado tan duramente en las últimas décadas.

Para mí, respeto a todas las formas de vida, amor a la Naturaleza, belleza, felicidad, dignidad, bienestar y calidad de vida, son componentes que no pueden ni deben estar marginados del concepto de desarrollo. Es más, sostengo con toda mi fuerza que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar sobre la reverencia por vida; de todas las manifestaciones de la vida. ¿Cuántos de estos principios respeta el monstruo de HidroAysén?

Usted ha manifestado en múltiples oportunidades que Chile está próximo a ser un país desarrollado. ¿Cómo entiende usted el desarrollo? ¿Se trata de alcanzar un determinado PIB per capita? En mi opinión se trata de cumplir con las condiciones que acabo de enumerar. Y para cumplirlas nos falta mucho, muchísimo señor Presidente. Desde luego que favorecer proyectos como HidroAysén, que prioritariamente contribuyen al enriquecimiento de corporaciones trasnacionales que no le deben ninguna lealtad a Chile, nos aleja aún más del verdadero desarrollo que necesitamos.

Aún cuando no existe entre usted y yo una amistad profunda, hemos mantenido cordiales relaciones personales desde hace muchos años. He apreciado su inteligencia y sus capacidades. Del mismo modo me fui formando la impresión de que usted era uno de los pocos políticos sensibles al medioambiente y amante de la naturaleza. A pesar de que no voté por usted, me sentí contento de que tendríamos un Presidente capaz de concebir un desarrollo armónico entre economía y Naturaleza. Me apenaría mucho, no sólo por mí, sino por usted, el poder haberme equivocado.

Hago votos, señor Presidente porque inicie usted un diálogo profundo con su conciencia. Quienes realmente amamos la notable belleza de nuestro país sinceramente lo esperamos.

Saluda a usted cordial y respetuosamente,

Prof. Dr. h. c. Manfred Max-Neef
Ex Rector
Director Instituto de Economía
Universidad Austral de Chile

POLICIA MILITAR CHILENA OCUPA COMUNIDADES MAPUCHE EN XAPILWE

Freire, viernes 6 de mayo de 2011 / POLICIA MILITAR CHILENA OCUPA COMUNIDADES MAPUCHE EN XAPILWE /

Las comunidades mapuche del territorio de Xapilwe correspondiente a la comuna de Freire, han denunciado hoy ante la opinión pública un literal proceso de ocupación de las fuerzas represivas de la policía militar chilena en su territorio.

Así lo informó uno de los afectados, Juan Cariman, quien denuncia la ocupación de los caminos vecinales, el interrogatorio a niños, mujeres y ancianos; así como el allanamiento a determinadas viviendas y galpones de los comuneros por parte del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales de Carabinero), cuyas motivaciones los mapuche dicen desconocer “pero insultan primero, pegan después y al final interrogan si acaso sabemos quienes son los “indios culiao” que han cortado la principal carretera del país y cortado el tendido eléctrico, entre otras cosas que desconocemos” señaló, destacando que no es la primera vez que sus comunidades son víctima de “la acción policial criminal, pero que no se informa desde los medios comunicacionales”. En ese sentido, hacen un llamado a los organismos de derechos humanos a hacerse presente en la zona y constatar estos hechos de violencia racial, física y simbólica en contra de la gente mapuche.

FENAPO: Marcha 1 de Mayo de 2011

Video: 1 de mayo, día Internacional de los Trabajadores: ¡¡Arriba los que luchan por Igualdad para todo, para que el Pueblo Mande!!

1º DE MAYO, DÍA DE LOS TRABAJADORES

Como es sabido, se han suscitados cambios importantes en

el mundo del trabajo durante los últimos 30 años, cambios

influenciados por procesos vividos tanto en el plano

nacional como internacional. Estas transformaciones

refieren, por un lado, a los procesos de globalización,

revoluciones tecnológicas, mundialización de la economía y

revoluciones informacionales acontecidas en la sociedad

mundial, y por otro lado, cambios en el plano interno en lo

económico-social como también político que ha vivido el

país desde el golpe militar de 1973. los efectos inmediatos

del Régimen Militar, y con profundas consecuencias en el

largo plazo, fueron la destrucción del poder alcanzado por

los trabajadores, desarticulando sus organizaciones,

asesinado, encarcelando o persiguiendo a sus dirigentes,

devolviendo a los patrones las posesiones que

legítimamente el pueblo había tomado en sus manos e

iniciando un proceso de cambios que terminaron

privatizando, y con ello negando, nuestros derechos más

básicos, incluido nuestro derecho al trabajo y a una vida

digna.

Estos cambios han repercutido en el mundo laboral

transformando los mercados laborales, como también el

trabajo en particular y las relaciones sociales que se

presentan en éste. Las ideologías neoliberales,

implementadas en el período dictatorial, presentaron una

serie de medidas flexibilizadoras que desregularon las

relaciones laborales en función a un supuesto aumento de

la productividad para un mayor crecimiento económico,

bajo la preocupación del mantenimiento de los niveles

macroeconómicos, en detrimento de los trabajadores. Lo

que finalmente no significó otra cosa sino la perdida de la

estabilidad laboral y el aumento de la explotación para la

clase trabajadora para aumentar las utilidades del

empresariado nacional y extranjero.

Bajo este clima de flexibilizaciones del mercado laboral, las

empresas han apostado por la externalización, generando

relaciones atípicas en las formas contractuales como

también en las relaciones laborales entre empleado y

empleador insertando un intermediador, lo que provoca

nuevas formas de subordinación y ambigüedades que

afectan directamente la capacidad de los trabajadores para

organizarse y luchar por sus derechos, manteniendo a los

verdaderos explotadores ocultos tras la cadena de la

subcontratación. Todo esto ha llevado a una pauperización

de las condiciones laborales con contratos de baja calidad,

inseguridades laborales contractuales, incapacidad de

negociaciones colectivas y sindicalizaciones de bajo

alcance, malas condiciones de seguridad laboral, bajos

sueldos y nula participación de los trabajadores en las

ganancias de las empresas.

Dura es la realidad que deben soportar los trabajadores en

este país. Ejemplo de este modelo económico explotador y

desigual es el hecho de que los sectores que mueven la

economía nacional, como el sector minero, forestal y

salmonero, cuenten entre los más inseguros y con mayores

índices de explotación. Sólo pensemos en todos los

trabajadores mutilados, congelados, desaparecidos bajo el

mar, que nos deja la industria salmonera; en los mineros

que mueren o sufren accidentes por falta de condiciones se

seguridad, aquellos que mueren electrocutados, por

explosiones o derrumbes como el que enterró vivos a los 33

de Atacama; en los 30 trabajadores forestales que mueren

año a año para recibir un sueldo base de 80 mil pesos como

el que recibía Rodrigo Cisternas al momento de ser

acribillado por la policía.

No son hechos aislados, es la esencia misma de este

modelo económico el beneficiar con grandes ganancias a

una minoría empresarial mientras al resto se le priva de

todo. Para la superación y mejoramiento de la precarización

laboral existente no basta con los cambios "cosméticos"

propuestos por el Nuevo trato Laboral de este gobierno ni

de los anteriores. El modelo no se puede ni mejorar ni

reformar ya que su ADN es polarizar a la sociedad entre

una minoría rica y una mayoría que día a día se hunde.

Pero los trabajadores comienzan a despertar. Ya no es tan

fácil para los patrones imponer ridículos y ofensivos

reajustes salariales de 7 o 11 pesos. Las negociaciones

colectivas, las movilizaciones y las huelgas legales e

"ilegales" han ido aumentando, a pesar de las prácticas

antisindicales, a pesar de las amenazas, a pesar de los

bloqueos comunicacionales y del hostigamiento de la

policía. Muchas pequeñas pero importantísimas victorias se

han logrado en los últimos años a partir de la lucha y

organización de los trabajadores, muchos de ellos en sus

primeras huelgas, los que nos da energías para seguir

adelante. De los reveses, las lecciones las sacamos para

aprender, para conocer las estrategias del empresariado y

poder enfrentarlos de mejor forma. Mientras la explotación

y los abusos continúen, la lucha de los trabajadores

seguirá, por lo que es hora de organizarse, de copar desde

las bases las herramientas que deben servirnos para luchar

o de inventar nuevas y eficaces herramientas de lucha

cuando las primeras no sirvan o cuando los patrones usan

la legalidad para impedir que nos organicemos. Lo "legal" o

"ilegal" son conceptos que no deben importarnos a la hora

de luchar por nuestros derechos laborales, por encima de

ello debe primar lo que es JUSTO y cuando algo es justo

todas las herramientas y formas son validas para

conquistar nuestros derechos.

LA LUCHA DA LO QUE EL PATRON NIEGA

QUE EL PUEBLO MANDE

En Chile 1º de Mayo del 2011

Pueblo Libre

http://www.pueblo-libre.cl

info@pueblo-libre.cl

Video:interposicion masiva de recurso de proteccion, Andha chile a Luchar Democratico por Metiendo Ruido

Estimadas Vecinos comapñeros /os amigas/os, les compartimos el éxito obtenido en la masiva actividad del pasado viernes 15, en que cada una de más de 500 familias deudoras habitacionales interpusieron en Concepción Recurso de protección contra el Estado usurero, aval de los Bancos e inmobiliarias, un Estado dirigido 20 años por una Concertación servil que hoy pretende vestirse de seda y ahora por una derecha ultra reaccionaria, quienes sin arrugarse han hecho del derecho a la vivienda un negocio.

Solo desde la necesaria organización popular, pensamos, será posible contraponer al de ellos, Concertación y Derecha, un proyecto social y político justo y democrático.

¡Arriba las y los que luchan!

¡Que el pueblo mande!
AGRUPACIÓN NACIONAL DE DERECHOS HABITACIONALES
ANDHA CHILE A LUCHAR DEMOCRATICO

Crisis alimentaria: especulando con el hambre

Enrique Javier Díez Gutiérrez / 8 de abril / Rebelion.org / Entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos. Esta ha sido una de las causas de las revueltas en Túnez, Egipto, Argelia o Jordania, ante una subida de un 25% respecto a los precios del año pasado. El propio Parlamento Europeo denuncia que los altos precios de los alimentos están sumiendo a millones de personas en la hambruna y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo, debido no a la escasez o a una menor oferta de alimentos, sino a un alza de precios provocados por la especulación de su valor en bolsa. Mientras el FMI (Fondo Monetario Internacional) asegura que “el elevado costo de la comida llegó para quedarse. El mundo quizá deba acostumbrarse a alimentos caros”.

Según diferentes especialistas, 2010 ha sido el año con una de las mejores cosechas de la historia. Según la FAO no hay riesgo de escasez en la última década y las reservas existentes para 2011 garantizan comida incluso con un déficit 13 veces mayor que el actual. No obstante, es sorprendente la inexistente relación aparente entre la cantidad real de cereales y los precios de las materias primas básicas como el trigo, el maíz o el azúcar.

Las tres causas fundamentales de este incremento desmesurado de los precios hay que buscarlas en el control que unas pocas empresas tienen del comercio agrícola mundial, imponiendo un precio, independientemente del costo real de producción; una segunda causa es la especulación bursátil con estas materias primas; y una tercera causa es la extensión de la producción agrícola de agrocombustibles.

La primera causa tiene que ver con el monopolio real de empresas como Syngenta, Dupont o Cargill, que controlan más del 70% de la oferta del cereal. A pesar de las proclamas de libertad de mercado, estos grandes grupos son los que controlan el mercado. De hecho han anunciado beneficios multimillonarios durante 2010 por la comercialización del grano.

La segunda causa tiene que ver con la inversión especulativa en materias primas, pues genera muchos beneficios y es algo muy seguro, ya que la demanda va en aumento. Desde que se especula en bolsa con materias primas básicas, como el trigo o el azúcar, los precios de los alimentos se han multiplicado de manera astronómica provocando una profunda crisis alimentaria que, ya en 2008, incrementó el número de personas hambrientas en 100 millones. En la medida en que la burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos y se profundizó en la crisis financiera, los especuladores empezaron a invertir en alimentos, empujando al alza sus precios.

El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación denuncia que los fondos de alto riesgo, los fondos de pensiones y los bancos de inversiones -todos ellos sin interés alguno en los mercados agrícolas-, compran muy baratas las materias primas (trigo, maíz…) y esperan a que el crecimiento de la demanda haga subir los precios. Los estudios más fiables atribuyen hasta un 31% de la escalada en el precio del maíz al negocio especulativo de estos denominados “inversores financieros”. Hacen todo lo posible para que sus fondos consigan el beneficio más alto en el más corto plazo. Entre sus prioridades no figuran obviamente ni invertir en la economía real ni evitar las hambrunas.

A mediados de febrero de 2011, el Banco Mundial comunicaba que debido al incremento en los precios de la comida, el número de hambrientos se estaba acercando a los 1000 millones, cuando los últimos datos de la FAO los cifraba en 925. Y un tercio de la mortalidad infantil en todo el mundo se atribuye a la malnutrición. Además 44 millones de personas están franqueado el umbral de la extrema pobreza porque sus débiles economías familiares han sido desestabilizadas por el incremento del coste de la comida. Según la FAO, en enero de 2011, por séptimo mes consecutivo, el precio de los alimentos alcanzaba un récord histórico al aumentar un 3,4% respecto a diciembre de 2010. Sabiendo que en el último semestre de 2010, el alza acumulada llegaba ya al 44%.

Junto al control del mercado y la especulación financiera encontramos la tercera causa en el uso de cereales como agrocombustibles. El aumento del precio del petróleo ha generado el uso de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Alrededor del 15% de la producción mundial de maíz se dedica a destilar etanol, que se mezcla con gasolina para los motorizados. A pesar del duro debate por su impacto ambiental, su dudosa contribución en la reducción de emisiones y por agravar la crisis alimentaria, la UE aprobó un objetivo obligatorio para alcanzar un 10% de agrocombustibles en el transporte en 2020. Llenar el depósito de un automóvil mediano con biocombustible requiere tanta cantidad de maíz como la que una persona africana consume en un año entero.

Cada vez se dedican más tierras destinadas a cosechas para biodiesel, reduciendo la oferta destinada a la producción de alimentos para la población. Esto ha reducido los alimentos disponibles, sobre todo en los países empobrecidos. Parece que nadie se atreve a poner en tela de juicio la barbaridad de millones de toneladas de maíz que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial). Porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen por qué alimentar estómagos, sino que son mercancías que deben ser cotizadas en el mercado para agrandar las ganancias.

La crisis alimentaria global sólo beneficia a las multinacionales que han transformado los alimentos en una mercancía con la que especular. Las tierras, las semillas, el agua… se están convirtiendo en propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercantilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con aquello que nos alimenta.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León

Lista D Gana elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad Concepción FEC

Concepción /Igualdad / 08 de abril /

La Lista D, "Estudiantes por la Construcción", ganó en la segunda vuelta de la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad Concepción, FEC, imponiéndose por una diferencia de 1.200 votos con el 67% de las preferencias.

Según el cómputo de votos terminado en la madrugada de hoy viernes y en recuentos preliminares no oficiales aún, la lista D habría obtenido cerca de 2 mil 400 votos, contra mil 200 de la lista C, ligada a la derecha.

La lista D es una convergencia de varios colectivos y organizaciones estudiantiles ligados al campo popular y transformador que se han destacado por el trabajo de base en la universidad y por su contacto y trabajo unitario con varias organizaciones sociales y populares de la región del Bio Bio.

Lamentablemente, el triunfo en la federación no se vio reflejado en las vocalías, en donde la derecha obtuvo 6 de las 8 vocalías. Las dos restantes fueron ganadas por "Metiendo Ruido", colectivo aliado de la lista ganadora de la federación, y la otra vocalía fue ganada por las juventudes comunistas.

En suspenso firma chilena de Convenio que beneficia a las corporaciones ligadas al negocio de los transgénicos y los plaguicidas

Por Lucía Sepúlveda / http://www.periodismosanador.blogspot.com / 06 de abril / El gobierno del Presidente Piñera y los obtentores vegetales (nombre de fantasía de la transnacional semillera y agroquímica Monsanto y otros) esperaban que el martes 5 de abril el Senado terminara de aprobar la adscripción de Chile al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), sin embargo por amplia mayoría de quince votos contra 4, y una abstención, los senadores acordaron escuchar primero la opinión de la ciudadanía.
Por tanto el proyecto (Boletín Nº 6426-10) que estaba en segundo trámite constitucional luego de su aprobación por la Cámara de Diputados en 2010, deberá ser analizado por la Comisión de Agricultura. Transversalmente los senadores Ximena Rincón, Andrés Zaldívar, José García Ruminot, Hosaín Sabag, Guido Girardi, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Ximena Rincón plantearan dudas sobre sus consecuencias para los productores agrícolas nacionales.
Lucha social y lobby
La reacción parlamentaria es la respuesta a la movilización desarrollada por organizaciones sociales y ambientales ante la reposición de la ley de transgénicos y su avance simultáneo con los proyectos de privatización de la semilla nativa y de firma del convenio UPOV91. El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo (2 de abril), en que participaron más de 40 organizaciones locales, regionales y nacionales presididos por el alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y por la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de BioBio, acordó solicitar al parlamento el rechazo de todas las leyes que pongan en peligro la semilla campesina, por la vía del otorgamiento de nuevos “derechos de obtentor” y la introducción de los transgénicos. Los derechos de obtentor son una suerte de patente que ahora se pretende validar por 20 o 25 años, para hacer dependientes a los campesinos y productores agrícolas de las corporaciones del negocio de la semilla transgénica y los agrotóxicos.
Las demandas del Cabildo de Chillán Viejo al Senado –suscritas por organizaciones campesinas, productores orgánicos, exportadores, consumidores y profesionales- están siendo dadas a conocer a todos los parlamentarios y fueron entregadas directamente a Ximena Rincón y Alejandro Navarro frente a La Moneda, cuando la senadora depositaba allí una maciza carta sobre el mismo tema dirigida al Presidente Piñera. Así confluyeron dos iniciativas ciudadanas antitransgénicos y en defensa de la semilla campesina, desde el sur y centro del país. En la misiva la senadora demandó el retiro del proyecto de transgénicos y el inicio de un amplio debate respecto de todos los proyectos relacionados con el patrimonio genético por la vía de entregar el control de la semilla y los alimentos, a empresas que sólo buscan aumentar sus ganancias. El documento suscrito por organizaciones como la red Socio Ambiental de Valparaíso, Tierra Nueva, la red social Chile sin Transgénicos, RAP-Chile, ANAMURI, OLCA, y Tierra Viva Agricultores Orgánicos entregó antecedentes sobre lo que ocurre en otros países con los monocultivos transgénicos, detallando los gravísimos impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas derivados de este cambio en el modo de producción campesino.
En la sesión del Senado, la senadora Rincón mencionó que "el gobierno le ha otorgado urgencia a varios proyectos sobre obtentores vegetales y hemos concurrido junto al senador Navarro a La Moneda para pedirle al gobierno que nos dé tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre el alcance de estas iniciativas". El senador Alejandro Navarro afirmó que el hecho que Chile haya firmado tratados de libre comercio no debe impedir el debate en el Parlamento sobre las implicancias de este tipo de Convenios. Informó que "este instrumento ha sido suscrito por 68 países, pero países vecinos como Argentina, Brasil y Bolivia solo adhirieron al instrumento anterior, no a sus modificaciones, porque tienen serias y profundas observaciones". Chile es firmante del convenio UPOV 1978 y al igual que los citados países, podría continuar rigiéndose por ese convenio.
Senador Larraín desinformado
Los senadores se mostraron abiertos a conocer opiniones de agricultores y comunidades indígenas sobre el tema. Por su parte, según se informó en la web del senado, los senadores Hernán Larraín y Carlos Kuschel señalaron que este acuerdo responde a los compromisos adquiridos por Chile tras la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Evidenciando su desconocimiento del tema, afirmaron que este convenio permitirá que las invenciones nacionales puedan patentarse, ignorando que en Chile ya hay 600 variedades registradas, entre ellas el boldo, por ejemplo, la mayoría por empresas extranjeras, pero algunas también por entidades chilenas. Las organizaciones campesinas quieren evitar que ese proceso de privatización de la semilla continúe avanzando en detrimento de la pequeña agricultura y en paralelo con la planeada introducción de los transgénicos.
Evidenciando su total ignorancia acerca del convenio que se discutía, el senador Larraín Fernández afirmó que "este convenio no guarda relación con los transgénicos. Se trata de patentar semillas o vegetales”. Justamente lo que se patenta son las llamadas “variedades nuevas” de semillas híbridas o transgénicas, es decir manipuladas genéticamente a partir de las variedades existentes y que forman parte de la biodiversidad. El lobby en favor de este proyecto lo han desarrollado las transnacionales, Chile Bio (Monsanto) y la Asociación Nacional de Productores de Semillas que agrupa a los exportadores de semilla transgénica, un cultivo que sí es legal en Chile y que ellos pretenden extender para el consumo interno.
Otros planteamientos
El senador Zaldívar en cambio, reconoció la implicancia que tiene este convenio con la producción de transgénicos. El senador García Ruminot expresó que le gustaría dimensionar el costo que este convenio tendría para los agricultores, en tanto que el senador Sabag se sumó a las aprensiones por esos efectos en pequeños y medianos agricultores que "no saben de patentes".
El Presidente del Senado, Guido Girardi, sostuvo que el tema de fondo es que "el acervo genético de la humanidad no es patentable y debería ser devuelto a la ciudadanía". Estimó también que la Comisión de Medio Ambiente debe igualmente analizar el convenio porque “tiene que ver con la obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas".
El senador Antonio Horvath por su parte opinó que se debe "hacer partícipes de este Convenio a los probables afectados. Chile tiene una gran cantidad de especies y si uno ve el futuro tenemos capacidad de competir por calidad y sello origen con nuestros productos y no por volumen". En cambio para el senador Kuschel el proyecto “conviene a nuestros pequeños productores e instancias que investigan la obtención de semillas.”
La situación actual
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización integrada por gobiernos pero que responde a los intereses de las transnacionales semilleras. Chile es parte de UPOV desde 1996, cuando adhirió a este acuerdo según los términos que lo regían el año 1978 (UPOV 78), creando un registro nacional de variedades protegidas que depende del SAG.
Lo que hoy se iba a votar, es decir que Chile adhiera al Acta 1991 (UPOV91) requiere primero modificar los criterios legales actuales sobre protección vegetal, puesto que la nueva versión del Convenio le da aún más derechos a las transnacionales y obtentores. La ley Nº 19.342, promulgada en 1994 y aun vigente, creó el registro de variedades protegidas y estableció las normas que lo rigen, permitiendo que el país firmara el UPOV78.
Si los términos de esa ley fueran los mismos que los contenidos en el convenio UPOV 91, Chile no tendría para qué modificarla y no tendría razón de ser el nuevo proyecto de Obtentores Vegetales que se discute en el Senado con trámite de urgencia, ni se estaría pidiendo derogar la ley 19.342.
Por eso las organizaciones ciudadanas, junto a los senadores Rincón y Navarro han pedido al gobierno detener la urgencia en el análisis del proyecto de Ley de Obtentores (de privatización de la semilla nativa) de manera que exista un debate informado y previo a la votación respecto del convenio UPOV 91, íntimamente ligado a ese proyecto de ley, ampliamente rechazado por las organizaciones campesinas, de consumidores y ambientales.

Chile: TVN y Sergio Nuño mienten para ocultar participación de Celco en desastre del Río Cruces

Francisco Marín / 06 de abril / El último programa “La Tierra en que vivimos”, mintió y ocultó la enorme evidencia que responsabiliza a Celco-Arauco (Angelini) por el desastre natural en el Río Cruces

En el citado programa, en el que se mostraba el paisaje costero existente entre Mehuín y el extremo sur de Chiloé, se abordó el conflicto existente entre pescadores lafquenches y Celco Arauco. Este se origina en la intención de esta empresa de vaciar sus residuos tóxicos en sus costas, ubicadas en extremo norte de la Región de Los Ríos.

El realizador, Sergio Nuño, aseguró que los líquidos que emanan de los ductos carecen de contaminación. “Al momento de nuestra visita –relata Nuño- todo parece funcionar de acuerdo a lo establecido a juzgar por la transparencia de las aguas de las muestras tomadas en el punto de descarga”.

Poco después Nuño se pregunta: “¿Cuál fue la causa de la desaparición del luchecillo, y, en consecuencia, de las aves que se alimentaban de este?”. Y el mismo contestó, sin citar fuentes: “aunque al comienzo se asoció la puesta en marcha de la planta de celulosaValdivia, con tan alarmante desastre ecológico, por ocurrir la muerte de los cisnes pocos meses después de la puesta en marcha de la industria, en febrero de 2004, posteriores estudios científicos, del más alto nivel, no han logrado establecer una relación directa entre ambos eventos”.

Nuño prosiguió su desembozada defensa de la empresa en cuestión al señalar que en la actualidad los residuos industriales líquidos (riles) que son vertidos al Río Cruces “han probado ser inocuos para la vegetación del humedal así como también para otros peces y animales acuáticos que habitan en el humedal”. Mientras eso se decía, se mostraba –a modo de supuesta comprobación- minúsculos peces navegado en un fondo barroso, carente de vida.

Nuño se hace otra pregunta: “¿por qué el luchecillo desapareció en el Cruces?” Y otra vez encuentra una respuesta que favorece a la empresa cuestionada: “una de las explicaciones más razonables se encuentra en la constante elevación del terreno -por razones geotectónicas- lo que ha hecho descender las aguas de los dos metros en los sesenta a los 80 centímetros de 2008”. Esta sería la razón de la muerte del luchecillo que necesitaría una mayor profundidad para poder vivir.

TVN sostuvo a través de La tierra en que vivimos que, dado que se ha llegado al tiempo límite de la autorización dada para seguir descargando sus riles en el río Cruces, “a la Planta Valdivia (de Celco) no le queda más alternativa, para seguir funcionando, que construir un ducto al mar. Ante esto, Arauco (Celco), ha presentado los estudios necesarios para asegurar a las autoridades pertinentes y a la comunidad, que las aguas industriales, debidamente procesadas, que se verterán al mar, no producirán un impacto ambiental que afecte perceptiblemente la vida de plantas y animales marinos más allá de la salida del emisario”.

Nuño, aseguró que al aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, en febrero de 2010, laCorema de Valdivia, “consideró la opinión de todos los involucrados, en especial, de los habitantes de la costa, pese a lo cual algunos pescadores manifestaron su rechazo”.

Nuño y TVN en su relato omitieron y tergiversaron la información disponible. No dijeron que en marzo recién pasado, fueron entregados los informes periciales solicitados por la juezaGloria Hidalgo, del Primer Juzgado Civil de Valdivia, los que coincidieron ampliamente en responsabilizar a Celco por el desastre. La jueza Hidalgo sustancia este proceso contra Celco iniciado tras la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en abril de 2005- que busca resarcir el enorme daño provocado al país por el desastre del humedal del río Cruces.

Entre los peritos había geógrafos, ecólogos, biólogos e ingenieros químicos. Seis de los siete concluyeron que las descargas tóxicas de Celco provocaron la disminución del luchecillo.

Según el doctor en Ciencias Biológicas, Jorge Alvarado, la tesis de la contaminación químico-industrial es la única capaz de explicar la “desaparición de la casi totalidad de las plantas acuáticas sumergidas, que esta desaparición haya ocurrido en todo el ámbito de influencia del cuerpo de agua del humedal, que se hayan visto afectadas (intoxicadas) las aves acuáticas herbívoras, que estos efectos se hayan presentado en unos pocos meses luego de la puesta en marcha de la planta Celco y que no haya ocurrido recuperación del sistema”.

El doctor en Ciencias Biológicas, Lohengrin Cavieres afirmó: “en mi opinión, los altos contenidos de clorato del efluente de la Planta Valdivia de la empresa Celco, que en varias ocasiones sobrepasaron lo permitido entre los meses de febrero a abril del año 2004, tuvieron una ingerencia importante en predisponer al luchecillo a una menor capacidad de tolerar la exposición a la intemperie (sequía) en la zona de los bañados en las bajas mareas, y las bajas temperaturas del invierno”.

El perito zoólogo Pedro Victoriano, concluye que “de acuerdo a los registros sobre los compuestos vertidos por la Planta Celco, el anión clorato fue detectado en cantidades importantes en el efluente, desde la puesta en marcha por más de dos meses durante el 2004. Dada la naturaleza química del clorato, que le confiere alta estabilidad y su carácter de biocida, debió afectar negativamente a la población de luchecillo del río Cruces. Estos efectos se sumaron a las condiciones ambientales desfavorables a las que había estado sometido el luchecillo generando su disminución drástica”.

La perito Julia Rodriguez apuntó a la negligencia de Celco-Arauco lo que se reflejaría en los 17 procesos sancionatorios iniciados contra la empresa.

Los peritos también hicieron mención de las descargas tóxicas de emergencia que hubo en episodios calificados como “fuera de control” los que habrían promediado uno por día durante el 2004.

Asimismo, hicieron notar las campañas de desinformación realizadas por Celco en las que culparon “a terceros con extrañas hipótesis y débiles explicaciones, evadiendo su responsabilidad o autoría en los hechos que produjeron el colapso y degradación ambientales hasta el día de hoy del humedal”.

Los ejecutivos de TVN, a juzgar por lo expuesto en el referido programa, son parte de esta campaña de mentiras y omisiones de Celco que están en la raíz del desastre. Cabe tener presente que la casi totalidad de los grandes medios de prensa han evitado referirse a los referidos informes periciales, siendo la excepción de esto Radio Bio Bio. Debido a esta desinformación las mentiras y omisiones de Nuño y TVN adquieren mayor gravedad.

Los peritajes sostienen que el desastre ambiental ha provocado no sólo un daño ecológico sino que también económico. Dan un ejemplo: en 2005 se produjo una baja de un 50% en el turismo de la Comuna de Valdivia, impactando negativamente al PIB regional. Los seis peritos independientes afirman que, dada su responsabilidad en la catástrofe, sumado a su continuado accionar negligente, Celco debe compensar por los daños provocados “al activo potencial turístico y sentido de identidad de la comunidad valdiviana”. Estiman estos daños en 86 mil millones de pesos.

Sólo la limnóloga Irma Vila despojó de culpas a Celco al decir que las alteraciones ambientales fueron consecuencia de procesos naturales como la sedimentación. Vila desmintió que haya habido una mortandad significativa de peces en 2004 afirmando que lo que hubo fue “una emigración masiva del lugar”.

Cabe subrayar que el CDE había solicitado se rechazara incluir como perito a Vila haciendo presente al tribunal que ella no reunía el requisito de la imparcialidad necesaria, dado que ya había anticipado su opinión públicamente favorable a Celco. Esto lo había hecho a través de un informe que busca exculpar la responsabilidad de esta empresa, atribuyendo los cambios ecológicos a causas naturales.

Las mentiras y omisiones no pueden encontrar explicación más que en el interés por proteger a la citada empresa en momentos en que el juicio de responsabilidades civiles llega a su fin. ¿De qué otra manera podría explicarse el hecho que no hayan dado a conocer los citados y recientes oficiales emanados de una causa tan importante como el juicio que el CDE impulsa a nombre del Estado de Chile?

Pero el canal nacional fue más allá en su inaceptable manipulación de los hechos. Cuando el programa intentó dar una pincelada de la cosmovisión mapuche, con la idea de tratar de entender el rechazo de los lafquenche a las descargas de Celco, se mostró a un hombre, aparentemente pescador lafquenche, que balbucea una idea sin que se entienda absolutamente nada de lo que dijo. Se daba a entender que no sabía expresarse. También se mostró una muralla llena de confusos rayados en la que no se puede comprender mensaje alguno. Se muestra también un lienzo, aparentemente en contra de Celco, pero este aparece doblado por lo que no se puede leer lo que dice. Sólo al final se le dan 17 segundos al vocero lafquenche Boris Hualme en los que sostiene que lucharán hasta el final por cerrarle el paso a Celco. Pero dados los fundamentos vertidos en el transcurso del programa, dicha oposición aparece como un obsesión de un pueblo que carecen de fundamentos.

Sergio Nuño no entrevistó a ningún ejecutivo de la empresa. No fue necesario. El se encargó, mediante el uso del canal de todos los chilenos, de dar muy bien su versión.