Cárcel El Manzano / Concepción / Por Francisco Marín /
Ante la presión internacional y las movilizaciones ciudadanas a favor del pueblo mapuche –que lucha por recuperar su territorio—, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso una iniciativa para reformar la ley antiterrorista utilizada para reprimir a esta etnia. Y dos meses después de que 35 indígenas mapuches iniciaron una huelga de hambre en cárceles del país, el presidente chileno anunció la instalación de una mesa de diálogo con sus comunidades. Pero la reforma legal no elimina artículos utilizados para enjuiciar a los mapuches y en la mesa de diálogo les ofrece bienes materiales, cuando ellos piden respeto a su territorio, a su cultura e identidad.
CONCEPCIÓN, CHILE.- “La huelga de hambre ha mostrado a Chile y al mundo lo justo de la lucha mapuche. Ha significado un gran triunfo moral. Sin embargo, el logro de ganancias concretas para nuestro pueblo dependerá de cómo canalicemos estos logros morales”.
Esto lo afirma en entrevista con Proceso Héctor Llaitul, uno de los 35 mapuches que mantienen una huelga de hambre desde el pasado 12 de julio.
El encuentro se realiza dentro de la Cárcel El Manzano, de Concepción, donde Llaitul permanecía hasta la semana pasada. El sábado 11, cuatro de sus compañeros fueron trasladados al Hospital Regional de esta ciudad; su salud se encuentra muy deteriorada tras 60 días sin ingerir alimentos. En otras seis cárceles del país hay presos mapuches que permanecen en ayuno.
Llaitul, quien ha perdido 25 kilos, se reúne con el corresponsal en un salón-comedor habilitado para que los presos reciban visitas. El lugar es acogedor, está bien aseado y la luz penetra de lleno por los ventanales que dan a un patio interior.
El espacio muestra las secuelas del terremoto del pasado 27 de febrero, así como del posterior incendio provocado por un motín de reclusos. En este lugar Llaitul atiende a sus numerosos visitantes, sobre todo comuneros mapuches provenientes de diversos puntos del Wallmapu, o País Mapuche. En la muralla, junto a dos banderas mapuches, hay un letrero –confeccionado por presos comunes en los talleres del presidio– que dice: “Por dignidad y justicia: ¡Fuerza comuneros!”.
Llaitul es jefe de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), uno de los grupos más activos en la lucha por la recuperación de tierras y contra las empresas forestales, mineras y energéticas que se expanden por el territorio mapuche. Aunque no es una organización guerrillera, cuenta con grupos de choque que se enfrentan a la policía con palos y piedras.
A Llaitul se le acusa de ser autor y cabecilla del atentado –registrado el 15 de octubre de 2008– en contra del fiscal especial para causas mapuches, Mario Elgueta. El hecho ocurrió cerca del lago Lleu Lleu (región del Bío Bío), una de las zonas más convulsionadas por el conflicto. En la acción cinco policías y el fiscal resultaron con lesiones leves producidas por perdigones. Llaitul ha negado su participación y asegura que se trata de “un montaje”.
El fiscal a cargo de las investigaciones del ataque, Andrés Cruz, añadió a este caso otros supuestos delitos: “Robos con intimidación, incendios terroristas, asociaciones ilícitas terroristas y robo de madera a empresas forestales” perpetrados en los últimos cinco años. En esta causa se encuentran procesados 19 comuneros. Cruz ha citado a 234 testigos, entre ellos a 36 “testigos sin rostro” y 100 carabineros.
La revista Punto Final publicó el jueves 16 un reportaje donde aparece parte de la declaración jurada del “testigo protegido” Rodrigo Viluñir Calbul, realizada el 19 de febrero de 2010 ante el notario de la ciudad de Cañete, Marcel Mathieu.
En la publicación denuncia que firmó su testimonio sin leerlo y luego de que lo colgaron de las manos en el puente Lanalhue y le pusieron una escopeta en la cabeza. En esa declaración forzada, Viluñir acusa a tres comuneros, entre ellos Eduardo Painemil, de haber realizado incendios y otros delitos. Painemil es uno de los tres mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Lebu. El Ministerio Público pidió que se le condenara a 20 años de prisión por los delitos de “incendio terrorista y asociación ilícita terrorista”.
La fiscalía pide que se aplique una condena de 103 años de cárcel en contra de Llaitul por su presunta participación en el ataque contra el fiscal Elgueta. Este proceso es el más emblemático de todos los que se han llevado en contra de los mapuches.
“Nosotros exponemos nuestros cuerpos para mostrar que, como pueblo mapuche, estamos resistiendo”. Dice que aunque la lucha no termina con la huelga, ésta permitirá reducir “las enormes penas a las que se nos quiere condenar”, asegura Llaitul.
Añade que iniciaron el ayuno para pedir “juicios justos para los peñis (hermanos) sometidos a la ley antiterrorista y a la justicia militar”. Además, los mapuches incluyeron en sus demandas la desmilitarización de las comunidades y la libertad a los presos políticos.
Leyes a modo
Durante los primeros 50 días la huelga no tuvo cobertura de los medios de comunicación. Fue a comienzos del mes en curso y luego de que se realizaron manifestaciones masivas en varias ciudades del país y se dieron a conocer los reclamos de organismos internacionales –como Amnistía Internacional– y de parlamentarios europeos, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tomó cartas en el asunto.
El jueves 9, el mandatario envió al Congreso Nacional un proyecto que modifica la Ley Antiterrorista. A pesar de que públicamente en éste se proponía “fortalecer el debido proceso de quienes sean juzgados por esa ley y racionalizar las penas para que sean justas y no excesivas”, en su articulado no evidencia esos avances.
La propuesta del gobierno, que se encuentra entrampada en el Congreso, mantiene la figura del “testigo protegido” e incorpora la de “agente encubierto”, un investigador con falsa identidad que infiltrará los movimientos sociales y será inimputable por los delitos que cometa en el ejercicio de su actividad.
Además, la iniciativa no especifica la tipificación del delito terrorista, cuya amplitud ha facilitado su uso discrecional contra las mapuches por parte de los últimos gobiernos. Asimismo, mantiene el incendio a bienes privados, aunque no provoque víctimas, como un delito terrorista.
La opositora Concertación de Partidos por la Democracia promovió en la discusión legislativa quitar este acápite de la definición de hecho terrorista. Sin embargo, con el voto en contra del demócrata cristiano Hosaín Sabag y de toda la derecha, el Senado rechazó, el miércoles 15, la moción para modificar el proyecto legislativo en este punto.
El martes 21, el pleno de la Cámara de Diputados –que sesionaba para tratar la aprobación de esta ley– no reunió el quórum necesario para realizar las modificaciones a esta normativa, debido, entre otras causas, a que una decena de diputados acompañó al presidente Piñera en su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Con el envío de su iniciativa, Piñera endilgó al Congreso la responsabilidad de resolver la situación provocada por la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. También propuso al arzobispo de Concepción, Ricardo Ezatti, que se desempeñara como mediador entre el gobierno y los huelguistas, tarea que éste aceptó el martes 14.
El viernes 17, Piñera anunció la formación de una mesa de diálogo para abordar la relación entre el Estado y las comunidades mapuches. Sin embargo, esta instancia no resolvería el problema de la huelga, tal como solicitaban los huelguistas tanto al mandatario como al Congreso.
En medio de la ceremonia de izamiento de la gran bandera nacional frente al Palacio de La Moneda, el presidente planteó que la mesa serviría para “enriquecer el Plan Araucanía (de estimulo económico) y lograr el reencuentro”.
Los presos mapuches, así como sus familiares, han expresado que no participarán en la mesa e insisten en que lo urgente es resolver la huelga de hambre. Llaitul dice que la mesa es sólo “una medida más que busca desviar la atención respecto del trasfondo del problema”.
El sábado 18, luego de participar en el Tedeum ecuménico por la independencia, la exmandataria Michelle Bachelet sostuvo: “La mesa de diálogo es muy importante, pero como tiene plazo hasta diciembre, no va a resolver el conflicto contingente. Esa mesa debería tener otro plazo a la brevedad para ir en apoyo de la solución del problema de la huelga de hambre”.
La expresidenta, quien acaba de asumir como secretaria adjunta de la ONU-Mujeres, ha sido cuestionada por aplicar durante su gobierno la ley antiterrorista contra los mapuches.
El miércoles 22, el obispo Ezatti advirtió en Radio Cooperativa que la mesa “no da una solución inmediata”. También sostuvo que el trámite legislativo “es muy largo para los comuneros y su salud”. El prelado aseguró que la huelga se levantaría “si se acaban los dobles enjuiciamientos (justicia militar y ordinaria), los testigos protegidos y los procesos por la ley antiterrorista”.
La lucha
Llaitul luce delgado pero no se ve descompuesto. Mientras conversa con mapuches huilliches que viajaron desde San Juan de la Costa –a 700 kilómetros al sur de Concepción–, su voz se escucha firme y clara.
“Con la huelga la lucha mapuche se ha posicionado a nivel internacional”, sostiene. En referencia al diálogo con el gobierno, apunta: “Hemos entrado en un escenario de reposicionamiento, en una especie de tablero de ajedrez, donde las piezas se mueven de una parte a otra con el fin de avanzar”, dice al corresponsal.
Explica que uno de los objetivos de la huelga, además de resaltar su calidad de presos políticos, ha sido reposicionar la lucha mapuche a favor de su territorio y autonomía, lo que a su juicio se ha logrado. Afirma que de parte del Estado ha habido “un ocultamiento de la realidad del pueblo mapuche”, y agrega que “antes de la huelga había una campaña para satanizar la lucha mapuche”.
Se refiere a la línea de investigación abierta por el Ministerio Público en la que se asegura que hay una vinculación directa entre las FARC colombianas y la CAM.
Afirma que la pobreza material existente en las comunidades “está asociada a las pocas tierras y a la mala calidad de éstas, fruto de la devastación provocada por las compañías forestales”. Añade que en Chile el Estado y los empresarios les han quitado 95% de las tierras desde que comenzó la ocupación militar del Wallmapu, en 1862. Prueba de ello es que desde los tiempos de la derrota político militar del pueblo nación mapuche no han querido resolver el problema de la territorialidad.
“La negación de nuestros derechos territoriales ha significado la negación de nuestros derechos sociales, políticos, culturales.”
Expresa que “la usurpación de nuestras tierras ha implicado que se ha roto la forma de vida de las comunidades. ¡Se nos impide vivir como mapuches!”.
Agrega: “El despojo de nuestras tierras y la destrucción de nuestro ambiente nos ha llevado a realizar un proceso de recuperación de tierras y eso lleva a un conflicto”.
Expresa que las medidas tomadas por los últimos gobiernos, incluido el de Piñera, “han insistido en las políticas de despojo y genocidio, mezclándolas con enfoques asistencialistas y cortoplacistas. Esto es la causa del conflicto”.
Afirma que su lucha es contra lo que define como “la dictadura capitalista destructora del territorio y la vida, que está poniendo en juego la supervivencia de las comunidades”. Sostiene que “con la huelga no se termina la lucha mapuche: ahora mismo tenemos tremendos problemas con las forestales y mineras”.
Hace una pausa en la entrevista para dirigirse a los seis huilliches que le acompañan. De pronto dice: “Nuestros antiguos héroes eran guerreros y se sacrificaban para defender el territorio y la libertad. Ellos son nuestro ejemplo. Sabemos que el enemigo tiene harta fuerza, pero en la medida en que crezcan las protestas nuestra fuerza crecerá y podremos enfrentarlo de mejor manera”.
El antropólogo José Bengoa, autor de La historia del pueblo mapuche, dice a este semanario que el hecho de que la mesa de diálogo esté enmarcada en el Plan Araucanía “es una manera de confundir, porque implica hablar lenguajes radicalmente diferentes. Ese proyecto se refiere a la construcción de caminos, entrega de créditos, creación de microempresas; es decir, no tiene nada que ver con el tema de la huelga de hambre”, apunta.
Sostiene que entre los mapuches y el gobierno “existen lenguajes radicalmente diferentes y eso hace extremadamente difícil la coyuntura: los que están presos plantean una cuestión de carácter político y los otros les responden con el ofrecimiento de recursos materiales. Les dicen: ‘Miren, ustedes no son un pueblo, sólo son gente pobre y vamos a tratar de ayudarlos’”.
Considera que Piñera intenta hacer una división entre mapuches buenos y mapuches malos: “Los buenos son los que piden vacas y ovejas y que se arreglen los caminos; los malos son los que piden dignidad y autonomía”.
“Yo creo –concluye Bengoa– que la estrategia del gobierno es lograr una rendición total de los mapuches, lo cual me parece muy poco ético por parte del Estado, porque busca que depongan todas sus demandas y comprar a la población indígena mediante el Plan Araucanía.”
El martes 21, Llaitul envió una carta manuscrita al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en la que insta a ese organismo a pedir al gobierno chileno la no aplicación de la Ley Antiterrorista y la justicia militar “a mapuches que se movilizan y luchan por defender y recuperar sus tierras”. También exige “garantías para un debido proceso” a los mapuches procesados.
El jefe de la CAM sentencia: “No es clemencia lo que pedimos, sólo justicia”.
Texto publicado originalmente en la edición 1769 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
